Manuela Morales

A partir de un convenio entre la Facultad de Ciencias (FCIEN) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), un equipo del área de Geología se encuentra estudiando antecedentes de las posibles reservas de hidrocarburos no convencionales en Uruguay y el procedimiento de fractura hidráulica (fracking). Para conocer en detalle los aportes que está realizando nuestra Facultad, conversamos con la Dra. Manuela Morales, responsable del equipo de trabajo.   

¿De qué se trata el proyecto del que estás participando?

El proyecto surgió de un Convenio de la Facultad de Ciencias con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en el marco de la Ley Nº 19.585 promulgada en 2017. Esta ley prohíbe por cuatro años la explotación de hidrocarburos no convencionales en Uruguay empleando el procedimiento de factura hidráulica, más conocido como fracking. Además, creó la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT) con varios objetivos, entre ellos estudiar todo lo relevante al fracking y las posibles reservas de hidrocarburos no convencionales en el territorio nacional, y así poder asesorar al Estado y los Gobiernos Departamentales. Esta Comisión está integrada, además de por Facultad de Ciencias, por Facultad de Ingeniería, Facultad de Información y Comunicación, Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, Congreso de Intendentes, Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

¿Qué rol está cumpliendo la FCIEN y el Instituto de Ciencias Geológicas?

Nuestra Facultad tiene dos roles. Por un lado, participa de la CNECT a través de una delegada alterna de la Universidad de la República, siendo el titular un docente de Facultad de Ingeniería. Por otro lado, ejecuta el Convenio con el MIEM a través de un equipo de trabajo del Instituto de Ciencias Geológicas conformado para tal fin.

¿Qué objetivos se han planteado como equipo de trabajo perteneciente a FCIEN?

Los objetivos del equipo de trabajo de nuestra Facultad son principalmente el estudio a través de una revisión bibliográfica exhaustiva de todo lo relativo a los reservorios no convencionales de hidrocarburos, a la utilización del fracking y a la elaboración de un informe para aportar al Informe final que la CNECT debe presentar al Poder Ejecutivo.

Nuestro equipo de trabajo es integrado por dos Ayudantes (Grado 1), y por mí, que soy Profesora Adjunta de Recursos Minerales. Tuvimos también la colaboración por un período de la Dra. Ethel Morales, que es Profesora Adjunta de Recursos Energéticos. Los ayudantes son estudiantes avanzados de la Licenciatura en Geología, Romina Sanabria y Joan Manuel González, y son los que llevan a cabo la revisión bibliográfica, redacción de los materiales a presentar a la CNECT, entre otras actividades. Mi rol es de supervisar su trabajo, ser el nexo con las otras Instituciones que trabajan en el marco de la CNECT y llevar adelante todo lo administrativo con relación al Convenio.

¿Por qué consideras que es importante la participación de FCIEN en el proyecto?

Lo que se busca con el trabajo de la CNECT es asesorar en un tema científico y tecnológico al Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, por lo tanto, es de suma importancia que esté representada la postura científica sobre el tema a través de nuestro equipo de trabajo.

¿Qué aportes clave puede brindar FCIEN y el área de Geología en particular, a este proyecto y a otros de similar naturaleza?

La FCIEN es el único centro de estudios del país que imparte conocimientos sobre la Geología del Petróleo. Aquí tenemos el conocimiento necesario para ayudar a entender qué es el fracking, en qué tipo de situaciones se utiliza y cuáles son los riesgos ambientales asociados a esta técnica de extracción de hidrocarburos.

¿Qué relevancia tendrá para el país los resultados del informe?

El informe final de la CNECT, que será entregado al final de los cuatro años de prohibición del uso del fracking, tendrá aportes de todas las delegaciones y será la base según la que el Parlamento Nacional evaluará el eventual uso o la continuidad de la prohibición de esta técnica de explotación en nuestro país.

 

Escribe: Manuela Morosoli (FIC)

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