¿Cómo se distribuyen las condiciones ambientales dentro de las ciudades? ¿Quiénes están más expuestos a la contaminación, riesgos naturales o a un hábitat de menor calidad? Estas preguntas son el puntapié inicial para pensar en cómo afecta el entorno a los distintos grupos sociales.
Con el objetivo de aportar herramientas adaptadas a las realidades de la región, la investigadora de la Facultad de Ciencias, Soledad Camacho Lorenzo, desarrolló un proyecto para construir indicadores de desigualdades ambientales en ciudades iberoamericanas, buscando facilitar su estudio mediante indicadores espaciales.
Desde su rol en el Departamento de Geografía y su paso por la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias, Camacho Lorenzo trabajó durante varios años en distintos territorios de Montevideo, donde observó situaciones de desigualdad ambiental que despertaron su interés por estudiar el fenómeno de forma sistemática
"Veía o percibía este tema de las desigualdades ambientales, las injusticias ambientales, en diferentes contextos. Ahí surgió la necesidad de estudiar este tema y de pensar cómo abordarlo desde indicadores espaciales, donde la geografía tenía algo muy claro para aportar", aseguró.
Aunque la desigualdad ambiental es un campo de estudio consolidado en países del norte global, especialmente en Estados Unidos, en Latinoamérica este enfoque ha tenido un desarrollo mucho más limitado cuando se analiza mediante indicadores espaciales. Si bien existen numerosos estudios sobre conflictos ambientales, todavía son escasas las herramientas que permitan medir y comparar las desigualdades ambientales considerando las particularidades sociales y territoriales de Latinoamérica.
Una metodología adaptada a la realidad regional
Uno de los principales aportes del proyecto fue desarrollar una propuesta metodológica construida a partir de la consulta a especialistas de distintos países iberoamericanos. El objetivo fue identificar cuáles son las dimensiones e indicadores más relevantes para evaluar la desigualdad ambiental en ciudades de la región.
La necesidad de construir una metodología propia responde a que las desigualdades ambientales presentan un fuerte componente local. Aplicar directamente indicadores diseñados para países del norte global puede generar sesgos, ya que las dinámicas sociales y territoriales son diferentes.
Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos buena parte de la literatura identifica la desigualdad racial como uno de los principales factores asociados a la desigualdad ambiental, en Latinoamérica la desigualdad socioeconómica aparece como un componente central. Esto implica que los indicadores utilizados para analizar estos procesos también deben responder a esas características.
Camacho Lorenzo destaca que la propuesta constituye una base para futuros estudios, aunque subraya que siempre será necesario adaptar los indicadores a las realidades locales debido a la heterogeneidad existente dentro de Iberoamérica.
Sostenibilidad y justicia ambiental
Por otra parte, la investigación realizada por Camacho Lorenzo también propone mirar las problemáticas ambientales desde una perspectiva complementaria a la de la sostenibilidad.
Mientras que la sostenibilidad pone el énfasis en preservar los recursos para las generaciones futuras, lo que suele denominarse equidad intergeneracional, la justicia ambiental incorpora otra pregunta: cómo se distribuyen hoy los beneficios y las cargas ambientales entre distintos grupos sociales. Desde esta perspectiva, no alcanza con pensar el territorio como un conjunto homogéneo, sino que es necesario reconocer que las condiciones ambientales son desiguales y afectan de manera diferente a la población.
"No podemos pensar que los territorios son homogéneos porque ya existen desigualdades dentro de los sistemas. No podemos pensar solamente en la justicia para las generaciones futuras si no miramos cómo se está dando la justicia actualmente", afirmó.
Este enfoque propone identificar qué sectores de la sociedad viven en condiciones ambientales más desfavorables y comprender por qué ocurre.
Montevideo como caso de estudio
La metodología fue aplicada en Montevideo, junto con otro caso de estudio de una ciudad española. Los resultados confirmaron una estrecha relación entre pobreza y calidad ambiental. A nivel de barrios, el estudio encontró una correlación negativa y estadísticamente significativa entre ambas variables: a medida que aumenta la calidad ambiental, disminuyen los niveles de pobreza.
Al agrupar los barrios según su calidad ambiental también se observaron diferencias marcadas. En aquellos con peores condiciones ambientales, el promedio de pobreza alcanza el 16,3 %, mientras que en los barrios con mejor calidad ambiental ese valor desciende al 3,1 %.
Los análisis espaciales permitieron además identificar patrones territoriales. Las zonas con mejores condiciones ambientales se concentran principalmente en los alrededores de Punta Carretas y Carrasco, donde coinciden mejores condiciones habitacionales, buena disponibilidad de espacios verdes y menor presencia de actividades contaminantes. En cambio, los agrupamientos con menor calidad ambiental se localizan sobre todo en la periferia oeste y noreste de Montevideo, áreas caracterizadas por déficits habitacionales y cercanía a cursos de agua contaminados, como el arroyo Miguelete y el Pantanoso.
Un resultado inesperado sobre los espacios verdes
Uno de los hallazgos más interesantes surgió al analizar las distintas dimensiones de la calidad ambiental por separado.
Mientras las desigualdades son claras en aspectos como la calidad del hábitat, el acceso a servicios básicos o la contaminación ambiental, la distribución de los espacios verdes mostró un comportamiento diferente al observado habitualmente en la literatura científica internacional.
En Montevideo, los barrios de menor nivel socioeconómico presentan, en promedio, una mayor disponibilidad de espacios verdes. Este resultado contrasta con lo reportado en muchas ciudades del norte global, donde las poblaciones más vulnerables suelen tener menor acceso a este tipo de espacios.
Para Camacho Lorenzo, este hallazgo no implica necesariamente una mejor calidad ambiental, sino que abre nuevas preguntas.
"Nosotros evaluamos solamente la disponibilidad de espacios verdes. Una cosa es que existan y otra es cuál es su calidad. Sería interesante analizarlos desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos que brindan, como la regulación térmica, la calidad del aire o los beneficios culturales y recreativos", aseguró.
El acceso a los servicios básicos como dimensión clave
La consulta realizada a especialistas iberoamericanos permitió identificar otro aspecto poco frecuente en la literatura internacional: el acceso a los servicios básicos fue señalado como una de las dimensiones más importantes para evaluar la justicia ambiental en la región.
Según explica Camacho Lorenzo, esta variable suele ocupar un lugar secundario en estudios desarrollados en países donde esos servicios están ampliamente garantizados. En cambio, en Latinoamérica aparece como un componente fundamental para comprender las desigualdades ambientales, lo que refleja que las prioridades y problemáticas pueden variar significativamente entre distintos contextos.
Más información para mejores políticas públicas
La investigación también pone de manifiesto una limitación importante: la falta de información ambiental con suficiente nivel de detalle territorial.
Contar con datos desagregados sobre calidad del aire, contaminación sonora, riesgo de inundaciones u otros factores ambientales permitiría realizar diagnósticos más precisos y fortalecer este tipo de análisis.
Para la investigadora, generar ese conocimiento resulta fundamental para orientar las políticas públicas.
"Más que pensar en una política específica, lo importante es transversalizar esta mirada en todas las políticas: ambientales, habitacionales y de ordenamiento territorial. Siempre hay que preguntarse a quién benefician, a quién afectan y si están reduciendo o profundizando las desigualdades existentes", indicó Camacho Lorenzo.
En ese sentido, sostiene que fortalecer la investigación sobre desigualdad ambiental permitirá generar evidencia para diseñar políticas públicas que incorporen de forma más explícita las desigualdades ambientales presentes en las ciudades y contribuyan a construir territorios más equitativos.